Por Daniel Tort
***En el Congreso de la Nación Argentina, desde el comienzo mismo de la gestión de la Presidenta Cristina Fernández, se ha generado una corriente legislativa en materia laboral, y en particular en el ámbito del contrato individual de trabajo, objetivamente beneficiosa. Sin que las reformas introducidas, sin prisa pero también sin pausa, puedan denominarse como revolucionarias, constituyen no obstante un importante avance de los derechos personales del trabajador dentro del sistema legal capitalista imperante. Así por ejemplo se pueden mencionar los cambios introducidos en la edad mínima para celebrar contratos de trabajo, que de catorce años fue elevada a dieciséis, para proteger efectivamente los derechos del niño reconocidos en normas internacionales; o la variación introducida para la apreciación judicial de pruebas, que en caso de duda debe ser efectuada a favor del trabajador; o también los plazos de pago de liquidaciones finales en caso de despido, y las nuevas pautas para la responsabilidad solidaria de empresas vinculadas, medidas todas de neto corte protectorio que han generado opiniones a favor en general, y alguna que otra crítica adversa, pero siempre dentro del ámbito específico de los entendidos en materia de derecho laboral, que no han trascendido a la opinión pública en la medida que constituyen reformas de orden técnico. Pero en la última semana EL Poder Ejecutivo ha anunciado que, apoyará y enviará para su tratamiento, el proyecto elaborado desde la Confederación General del Trabajo (CGT), para el establecimiento de nivel legal de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Y esta iniciativa, claramente deja de ser una mera reforma técnica, y constituye un cambio rotundo en la relación económica existente entre empresas y empleados dependientes; una medida de política económica que ha generado una reacción inmediata de la dirigencia empresarial. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el empresario plástico HECTOR MENDEZ, afirmó que la iniciativa acercaba a la Argentina al modelo de Cuba, lo que generó que se le imputara desde ignorancia hasta borrachera, y que hasta la propia organización que preside haya emitido un comunicado de aclaración, que como no podía ser de otra manera, en vez de aclarar oscurece. Obviamente esa manifestación ha sido una reacción espontánea de alguien que desde su posición sólo atina a defender la rentabilidad de las empresas, y para ello todo vale, hasta equiparar el sistema vigente en el País de producción capitalista, con uno socialista, que objetivamente no tienen parámetros para poder compararse.
***Desde el punto de vista de política social, el proyecto no puede considerarse sino como positivo, y en esta oportunidad puntual, la decisión de la presidencia resulta acertada. Una mayor distribución del ingreso nacional, como medida macroeconómica que mejore la condición de los asalariados, no puede llevarse adelante sino con retribuciones justas en el ámbito del trabajo, y por supuesto que esta decisión es un buen comienzo para esa meta, y la iniciativa cuenta con todo el apoyo legal. Baste recordar simplemente, que el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional desde el año 1957 ha previsto no solamente la participación en las ganancias de las empresas, sino también el control de la producción y la integración de los directorios de las mismas, con representantes obreros. Claro que esa disposición de nuestra Carta Magna no molestaba a los empresarios estando donde estuvo desde 1957, como una mera expresión de deseos, pero nunca puesta en práctica. Recordemos que en el gobierno del Presidente Arturo H. ILLIA (1963-1966), se llevaba adelante esa misma iniciativa en la Cámara de Diputados, y ese atrevimiento conjuntamente con las patentes medicinales a los laboratorios extranjeros le costó la destitución, de la mano del dictador Juan Carlos ONGANIA (Junio de 1966) golpe de estado que curiosamente contó con el beneplácito de la misma central de trabajadores que ahora impulsa el proyecto. Ironías de la historia argentina.
***Ahora corren tiempos distintos, y la fortaleza del gobierno constitucional es otra, y todo hace parecer que el proyecto será convertido en ley, sin que las grandes cadenas noticiosas y multimedios que se sostienen, como representantes gráficos, televisivos y radiales manipulados por los grupos empresarios que anuncian en los mismos, por los aportes de ese capital, puedan hablar de autoritarismo, arbitrariedad o nepotismo. ¡Maldita Constitución¡ Toda la andanada de referencias a la Carta Magna Nacional, que se hacen en primeras páginas o en reiteradísimos pases televisivos cuando una movilización de desocupados, marginados o excluidos del sistema que ellos mismos defienden, cortan una avenida del Gran Buenos Aires, repitiendo una y otra vez, con encendidas defensas machaconas, que el sagrado derecho de libre tránsito debería ser respetado aún reprimiendo para preservar las garantías constitucionales, puede ahora volverse en su contra como quien escupe contra el viento. Por qué no salir ahora, a defender las garantías constitucionales de la misma manera? ¿Por qué no hablan ahora de defender la Carta Magna, y de reprimir a los empresarios que se nieguen a distribuir las ganancias? ¿O hay garantías constitucionales de distinto orden o jerarquía?
***Pero la ignorancia y la reacción de clase dominante, apeló también a otro argumento no menos imbécil que al anterior, y salieron otros empresarios no menos díscolos que MENDEZ, a requerir que si los trabajadores van a participar de las ganancias, que también participen de las pérdidas, lo que a quien no conoce la normativa del derecho del trabajo le podría parecer lógico, y en realidad es una afirmación hasta carente de sentido. En primer lugar porque en materia de derecho del trabajo, en el sistema capitalista, existe el principio llamado de ajenidad del riesgo, que consiste en que el empleado dependiente resigna su posibilidad de ser socio de la empresa a cambio de que se le asegure el ingreso mensual, y por ende, no corre con el riesgo del empresario, que abonando solamente salarios fijos, asegura apropiarse de la rentabilidad de su organización sin compartirla. Un principio básico criticado por la teoría marxista como el incremento por plusvalía de la producción. Y en segundo lugar porque el trabajador participa desde siempre de las pérdidas de las empresas, desde la misma ley de contrato de trabajo n°| 20.744, pues dentro de esa normativa existen las licencias forzadas o suspensiones sin goce haberes cuando existen circunstancias económicas adversas, y los despidos mínimamente indemnizables cuando no hay rentabilidad económica, sin dejar de mencionar los impiadosos procesos concursales o de quiebra de las firmas, ideado en la época del tristemente célebre FELIPE DOMINGO CAVALLO, que protege la virtual huida de los empresarios en ese sistema, que quedan siempre indemnes en sus patrimonios personales, sin que las empresas quebradas abonen a sus empleados los créditos laborales. Empresas quebradas, empresarios ricos, y desempleados pobres, esa es la ecuación creada por esa ley. Todo ello sin dejar de mencionar la negociación de convenios colectivos a la baja (peores condiciones que en los anteriores convenios), generados durante la década infame de La Rata, merced a la complicidad de muchos de los mismos dirigentes sindicales de ahora, que en aras de la famosa flexibilización laboral que prometía la felicidad y el pleno empleo, forzaron a los trabajadores a resignar conquistas. Entonces ante la pregunta de si participan o no participan los trabajadores de las pérdidas, se debe responder, sin lugar a dudas que si, y desde siempre.
***Frente a esta realidad, las cadenas multimedios que en los últimos tiempos mantienen un claro enfrentamiento con el gobierno nacional, han ensayado con timidez que se perderá competitividad, y han publicado una supuesta estadística de una supuesta consultora, que no la conoce ni la madre del dueño, de que sólo por el anuncio realizado la Argentina ha bajado del puesto 85 al 87 en competitividad. Justo cuando se acaba de publicar que el índice de exportaciones en lo que va del año marca un ascenso record.
***Frente a la decisión de distribuir el ingreso con asignaciones universales por hijo, se criticó que era asistencialismo; cuando se intenta distribuir el ingreso con esta medida se dice que es marxismo. Palo porque bogas, palo porque no bogas. En realidad lo que molesta a los nostálgicos de la dictadura y los planes de recorte de CAVALLO, es cualquier medida –por mínima que fuera- de justicia social distributiva. Ahora van a tener que empezar a participar la torta, mostrar los balances, y nombrar directores obreros. Un punto a favor de la administración Fernandez, que no debe dejar de reconocerse.
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